Institutos de Educación Superior: Reformar al revés, por Roberto Follari

Asistimos en los primeros meses del año 2018 en Mendoza a un proceso de modificaciones en torno de los Institutos de Educación Superior (IES), dedicados a formación docente principalmente, pero también a numerosas otras especialidades. En realidad se constata que la decisión de reforma es común a todo el país, pues ha sido públicamente declamada en Capital Federal y en provincia de Buenos Aires (principales distritos en cuanto a población y poder decisional); en uno de estos casos, ligada a la decisión de reemplazarlos drásticamente por una sola Universidad Pedagógica. La abrupta medida oculta apenas el propósito de cierre de los establecimientos: el achicamiento de número de docentes y de estudiantes no se puede estimar pero sería obviamente enorme, así como también la pérdida de acceso estudiantil por alejamiento territorial del establecimiento educativo, perdiéndose así una de las ventajas que los IES respecto de las universidades.

Tampoco se podría sin más traspasar la formación docente desde los IES  a la Universidad; el acercamiento podría darse gradualmente, pero en ningún caso por decreto. Por el contrario, el tipo de estudiantado de la mayoría de los IES proviene de sectores populares y medio bajos, que por su capital simbólico previo y sus condiciones económicas, encuentran dificultades para ingresar directamente a las universidades. “Mejorar” a los IES reconvirtiéndolos de un golpe hacia el nivel universitario, si no se lo hiciera gradualmente, implicaría una enorme sangría de estudiantes de sectores populares que quedarían desvinculados de cualquier oportunidad educativa.

Por supuesto, lo dicho no significa que no sea necesario establecer una mayor cercanía entre institutos y universidades, de modo que los primeros incrementen su cultura propiamente científica, y las últimas su sensibilidad pedagógica y su comprensión y responsabilidad respecto de los demás niveles educativos del sistema.

Pero ello no puede hacerse por decisión reglamentaria y sin un largo proceso previo. Un proyecto que durante el gobierno anterior planteó la entonces diputada y reconocida pedagoga Adriana Puiggrós, proponía convertir en universidades –apelando a un plazo no muy largo- a la mayoría de los IES de la Argentina. Es evidente el significado de la propuesta: incrementar el nivel de la formación docente –más anexos como formación policial, educación física y otros- para que ello redunde a largo plazo en una mejora en la formación de los estudiantes de todos los niveles educativos del país.

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Sin embargo (y si bien se detallaban exigencias para que los institutos pudieran dar ese paso), a algunos nos pareció que se trataba de un salto adelante demasiado abrupto, y que debieran plantearse –para un proyecto de este tipo- etapas y metas intermedias. Quizá algunos IES puedan transformarse, acorde a sus específicas condiciones, en universidades en algún momento: pero ello no es obvio ni en cuanto al nivel de investigación y de personal docente que se requiere, como en cuanto a las ventajas o desventajas que ello implique para quienes desean formarse en estos espacios.

En el caso del proyecto del actual gobierno no se plantea jerarquizar los institutos, sino reducirlos a uno: reemplazar decenas de institutos por una sola universidad, con el enorme empobrecimiento de la oferta que en ello se implica (más el esperable giro elitista de los estudiantes, pues quedarían sólo los mejores, es decir, los provenientes de los sectores sociales más elevados, cuyas condiciones culturales son más cercanas a las que plantea la exigencia universitaria).

Aquí el paso a lo universitario parece la excusa buscada para legitimar el achique súbito del sistema: cierre de múltiples institutos, a cambio de presentar como una ventaja la mutación al nivel universitario. Lo cual no es raro en tiempos de gobierno neoliberal: la voluntad de ajuste está escasamente disimulada –es explícita en las declaraciones de los funcionarios del área económica del gobierno nacional y también de su versión provincial-, y es esa la draconiana condición bajo la cual se cobija la voluntad modificatoria del sistema. No se trata de mejorar: se trata de achicar.

En la provincia de Mendoza, las declaraciones mediáticas y las medidas tomadas por las autoridades de la DGE han ido por el lado de cerrar algún instituto privado (lo cual puede augurar otros casos en el mismo sentido) y algunas carreras en el caso de institutos de gestión estatal. Esto, en la medida en que se ha decidido evaluar a instituciones y carreras según parámetros del valor social que pueda asignarse a las carreras impartidas, y al número de alumnos y la calidad de la enseñanza efectuada.

No puede negarse que la versión local aparece algo más matizada que la de centrar todo en una sola universidad, como se apuntó para Capital Federal. Ni tampoco que puede haber casos en que efectivamente alguna carrera puede ser poco adecuada para la región, o su número de alumnos demasiado pequeño para justificar el gasto respectivo.

Pero es significativo que no se trata de cerrar lo poco adecuado para abrir lo más adecuado. Hasta donde sabemos sólo se trata de cerrar lo tomado por inadecuado, lo cual deja claramente expuesta la voluntad de ajuste y de cierre, y no de reforma progresiva del sistema.

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La evaluación bien entendida cumple funciones de incremento y mejora de la calidad de los procedimientos en cualquier área institucional, y ciertamente es el caso en los establecimientos educativos. Que se evalúe al solo efecto de ver si se cierra alguna carrera o instituto sin que –en cambio- medie propósito de reemplazar lo que vaya a cerrarse por carreras o espacios de mejor calidad, desnuda la misma voluntad política con la cual la noción de evaluación de la educación superior apareció a nivel planetario en los años noventa del siglo pasado: mayor control estatal para restringir la autonomía de los espacios educativos, producción y gestión de datos desde los cuales “castigar” a determinadas áreas del sistema, e incluso cercenarlas y cerrarlas cuando convenga por razones ideológico/políticas o de corte financiero.

Todo esto salta a la vista en lo que se está haciendo con los IES en la provincia de Mendoza. Ninguna idea –al menos en el espacio público- se ha dado sobre una reforma estructural del nivel superior para mejorarlo en su calidad, para complementar allí la oferta privada y la estatal, para hacer una adecuación más estricta a las necesidades de formación de los estudiantes del resto del sistema, que han de tener como profesores a los egresados de estos institutos. Nada de eso, ninguna discusión de fondo: la voluntad de achicamiento del gasto está detrás de toda la acción de reforma sobre el sistema, por más que en algún caso se pudiera advertir buenas razones para suprimir alguna carrera; no se piensa reemplazarla por otra mejor.

Lo mismo ocurre para con los IES de gestión privada que, como se sabe, reciben un aporte económico del Estado. Desde la DGE se ha criticado que los mismos actores sociales que rechazan dicho aporte han defendido a los IES de gestión privada frente a la ofensiva evaluadora/clausurante. Ello implica, por parte de los  funcionarios oficiales, una falacia considerable: cuando se critica a la educación privada, se lo hace desde la idea de que la educación debiera ser totalmente cubierta desde el Estado. Pero cuando por Constitución y leyes de la Nación y la provincia no es así, si se cierra establecimientos privados, se deja estudiantes afuera del sistema (salvo que se abran espacios en igual medida en los institutos estatales). En tanto no se está agrandando sino achicando el espacio de educación estatal, el achicamiento de lo privado sólo puede redundar en estas opciones: que quienes estaban allí deban abandonar lo que estudiaban para estudiar forzadamente otra carrera; que deban ir a estudiarla –si existe- en la educación pública, agrandando el número de estudiantes sin que se agrande las condiciones del sistema en su conjunto; o que deban abandonar el sistema educativo, sin más.

Es decir: aquí no se achica lo privado para agrandar lo público, se achica a ambos a la vez. Ese es el “misterio” por el que, los que apoyamos la educación de gestión estatal, defendemos -ante este embate de la DGE- a los institutos de gestión privada. Estos tienen efectos públicos, y por ello nos importan también a los no privatistas: y no dejaremos que la sola voluntad de achique del gasto estatal (hacia establecimientos de gestión privada en este caso) sea presentada como supuesta defensa de lo estatal frente a lo privado.

Lejos estamos de las discusiones que en años pasados se hacían sobre la relación entre lo pedagógico y lo científico, los institutos y su posible paso al nivel universitario, o su mutua relación manteniendo la diferenciación de los mismos. Para discutir esas cosas se necesita de desahogo económico, de un futuro medianamente previsible, y de un Estado presente. Con el actual Estado desertor y la actual decadencia económica ligada al desvaído nivel de consumo de la población, las políticas educativas en curso confirman que nada de esto es posible.-romi123

Resumen

Las políticas sobre Institutos de Educación Superior (IES) en Argentina pasan por el achique del sistema. Así, en Capital Federal se propuso cerrar todos los institutos para concentrar sus actuales funciones en una sola universidad pedagógica: la disminución de estudiantes, e incluso la modificación de la procedencia de clase de los mismos, son la consecuencia esperable si se impone tal medida. El paso desde los IES a la Universidad o a múltiples universidades –esto último fue un proyecto que no fructificó en el gobierno anterior- es complicado y no obviamente deseable. En Mendoza, se ha decidido cerrar algún –o algunos- institutos de gestión privada, y carreras de institutos de gestión estatal. El propósito resulta obviamente ligado al ajuste económico, porque no se cierra lo juzgado inadecuado para reemplazarlo por algo superador, sino que se lo clausura sin reemplazo ni compensación alguna.

Abstract

Government’s politics about educative third level in Argentina, are nowadays looking for making the system smaller. So, in Buenos Aires City authorities decided  to close every Institutes for concentrating their actual functions in a new and sole Pedagogic University: the decreasing in number of students and also the changes in social origin of them, are going to become obvious if really this decition is confirmed. Changing from institutes to one university or several universities -this last option was one project that wasn`t realized by anterior government- is complicated and perhaps no desirable. In Mendoza province, government has decided to close one or more privaty institutes and some careers from estatal institutes. The proposal is evident: economical adjustment, because is not the case that they close one institutional bad space for opening another better, but they close definitivly each institute without putting anything new for compensating this fact.-

 

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