APROXIMACIONES PARA CONOCER LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Prof. Rubén A. Herrera
Coordinador Región Cuyo
Consejo Educativo A. de Pueblos Indígenas de Argentina
(C.E.A.P.I.)

En este artículo intentaré hacer visible brevemente algunas consideraciones que nos muestran que los Pueblos Originarios, en este caso nuestro pueblo Huarpe de “Huentota” Mendoza, poseen derechos específicos que están normados a nivel Internacional y Nacional. Para demostrarlo haré una breve reseña a algunos instrumentos Internacionales y Nacionales.

El convenio 107
El Convenio 107 de 1957 fue la primera iniciativa de tratar los asuntos indígenas y fue adoptado por la OIT a pedido de la ONU, y se adoptó en 27 países. Sin embargo, el mismo tenía un enfoque integracionista. En 1970 la ONU comenzó a investigar a los pueblos indígenas y tribales y se cuestionó el enfoque del convenio. Así, en 1986 se sostuvo que el “enfoque integracionista del Convenio estaba obsoleto y que su aplicación era prejudicial en el mundo moderno”. De este modo nace en 1989 el Convenio 169.

El Convenio 169 de la OIT
Es el más importante instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas. Su fuerza radica y depende, de todos modos, de un alto número de naciones ratificantes.

Alcance del convenio 169
El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación.
Determinando la protección de “los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios” de los pueblos originarios, y define “la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”. Así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. También que los servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Los programas de educación “deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores” y además, “deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas”.
El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009.

Refleja el consenso de los mandantes tripartitos (representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores), de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos.
El convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos originarios y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

El Convenio 169 trata de la situación de más de 5 mil pueblos indígenas y tribales, poseedores de idiomas, culturas, modos de sustento y sistemas de conocimiento diversos, y que en muchos países enfrentan discriminación y condiciones de trabajo de explotación, además de marginalización y situación de pobreza generalizadas.
El objetivo del Convenio 169 es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, por lo que los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyen su piedra angular.
En consonancias con este instrumento Internacional, nuestro país siguiendo los preceptos y habiendo adherido a este convenio visibiliza los derechos de los pueblos originarios en nuestro territorio a partir de la reforma constitucional del 94.†

La Constitución Nacional incorpora el Artículo 75 Inc. 17
El 11 de agosto de 1994, más de 300 representantes de los diversos pueblos originarios de todo el país (entre ellos autoridades Huarpes del valle de Huentota, Uspallata, Comunidad Huarpe Guaytamari) llegaron a la ciudad de Santa Fe, para presenciar uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX en relación con los pueblos originarios: la Convención Nacional Constituyente, a cargo de la Reforma de la Constitución Nacional, iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas a la Carta Magna.


Llegaban de distintos lugares, cargados con la memoria ancestral de sus pueblos, con luchas de cinco siglos, y con un mandato impostergable: volver a sus territorios con una victoria.
Los años previos a la reforma fueron de un arduo trabajo de las organizaciones indígenas para consensuar una propuesta que incluyera los principales derechos en el nuevo texto. Y, a su vez, para convencer a los convencionales constituyentes de que aprobaran la reforma.
Es que hasta ese momento, en materia indígena regía el artículo 67 inciso 15 de la Constitución Nacional de 1853, que establecía que le correspondía al Congreso Nacional “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los pueblos originarios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
Ese jueves 11 de agosto, ya había caído la noche cuando la asamblea comenzó a tratar el tema de los derechos indígenas, en el Paraninfo (sala de celebración de actos públicos) de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Los referentes de las comunidades permanecían en silencio, expectantes, en los palcos.
La reforma del artículo 67 inciso 15 fue aprobada por unanimidad, en lo que significó un cambio de paradigma en materia de derechos humanos de nuestros pueblos originarios.
A partir de ese día, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso:
⮚ Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
⮚ Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural (E.I.B.).
⮚ Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
⮚ Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
⮚ Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
En próximos números ahondaremos en el tema abordado y desarrollaremos otros tópicos como Tierra y Territorio, Educación Intercultural bilingüe, y otros más.
En el siguiente link observamos escenas de la Convención Nacional Constituyente, Paraná 1994. Sesión de la Convención Nacional del 11 de agosto de 1994, en la que se aprobó la modificación del Artículo 67, inciso 15 de la Constitución Nacional, sobre los derechos de nuestros pueblos originarios. El texto aprobado en esta histórica sesión es hoy el artículo 75, inciso 17, del texto constitucional aprobado en 1994

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